MANIFIESTO

 En el contexto geopolítico actual, el Archipiélago Canario es hoy una de las regiones del mundo que más interés está despertando, por su privilegiada situación geográfica como plataforma tricontinental o por su clima benigno entre los mejores del planeta, como por sus recursos naturales, y por supuesto también por sus innumerables oportunidades de negocio, siendo como es Canarias un paraíso fiscal de facto. Las particularidades que ofrece el Archipiélago se vuelven aún más favorables con la actual guerra de Ucrania y la crisis energética, con media Europa amenazada con cortes de suministro en pleno invierno. Así, la realidad es que un gran número de personas quiere venir a Canarias de vacaciones, encontrándonos ya en cifras récord de llegada de turistas con números pre-pandemia, a teletrabajar a 24 grados en invierno o a invertir en el sector inmobiliario, en el turístico o en cualquiera de los muchos que ofrecen oportunidades hoy. El problema radica en que todo esto está ocurriendo sin unas políticas correctoras que actúen y subsanen los desequilibrios ya existentes y los que se están creando, muy al contrario, desde nuestras instituciones se sigue apostando por el desarrollismo urbanístico infinito que va de la mano de la destrucción progresiva de nuestro medio ambiente, así como por la promoción sin freno del destino Canarias a turistas, teletrabajadores e inversores de medio mundo con todos los riesgos que el crecimiento sin control conlleva.

Con este plan, la resultante la conocemos bien los canarios y canarias que vivimos en esta tierra:

Un paro estructural que nunca termina de bajar por muy récord que sean las cifras de llegada de turistas;

Superpoblación, destrucción de nuestro medio ambiente y un consumo de recursos que hacen cada día más insostenible la vida en el Archipiélago;

Encarecimiento de la vivienda hasta hacerla imposible y de la vida en general, empobreciendo y expulsando progresivamente a los canarios de su propia tierra en favor de trabajadores extranjeros sin cualificar en condiciones de semiesclavitud y de población peninsular y europea de clase media-alta que se asienta en Canarias al cobijo de las condiciones inmejorables para la vida y para los negocios.

ANTE ESTA REALIDAD, frente a la pasividad o la connivencia de nuestra clase política, y dada la gravedad de lo que nos viene, con elecciones autonómicas y generales a la vista donde no estamos viendo propuestas ni soluciones reales, los colectivos que firmamos este Manifiesto decidimos dar un paso adelante y plantear a la sociedad canaria una serie de medidas urgentes irrenunciables que se deben implementar en Canarias:

EN MATERIA DE VIVIENDA:

I.- Ampliar de manera urgente el parque de vivienda pública para alquileres sociales a través de la compra de vivienda negociada a precio inferior al mercado a fondos buitre y a la Sareb. En Canarias se estima que hay en la actualidad unas 150.000 viviendas vacías, muchas en poder de fondos buitre dedicadas únicamente a la especulación, entre ellas las del “banco malo” la Sareb cuyo máximo accionista es el Estado. El encarecimiento de los transportes y los materiales de construcción hacen más costosa y casi inviable la obra nueva, tanto es así que el Plan de Vivienda 2020-2025 del Gobierno de Canarias preveía la construcción de casi 6.000 viviendas y a día de hoy aún no han construído ninguna. Con casi 20.000 familias inscritas como solicitantes de vivienda pública y la vivienda en alquiler más cara e inaccesible de España, la opción más lógica, viable y sostenible es acceder a la vivienda vacía ya existente.

II.- Promoción de viviendas protegidas públicas para alquileres sociales destinados a residencia habitual de personas o familias con circunstancias socioeconómicas desfavorables. La poca promoción de vivienda pública que se está licitando se enfoca en su mayoría a familias de clase media con alquileres asequibles a precio casi de mercado por un plazo máximo de 7 años (Visocan), pero Canarias tiene un tercio de su población bajo el umbral de la pobreza, de modo que urge promover vivienda pública verdaderamente social que cubra la demanda de la población mayoritaria con menos recursos.

III. a).- Aprobar la Ley de Tanteo y Retracto que permitiría a la Administración Autonómica acceder a vivienda privada en condiciones ventajosas. Si hay en Canarias 150.000 viviendas vacías muchas de ellas de fondos buitre, hay que habilitar leyes que permitan acceder a estas viviendas a precios reducidos, para ello existe la Ley de Tanteo y Retracto, aprobada ya en comunidades autónomas como la Valenciana.

III. b).- Aprobar la Ley de Expropiación Temporal de Vivienda vacía a grandes tenedores. Esta ley de expropiación temporal de viviendas vacías por más de 2 años está aprobada ya en Baleares, y está pensada para cubrir necesidades urgentes de vivienda en localidades con gran demanda social y viviendas de fondos buitre manifiestamente vacías por largo tiempo y sin previsión de uso.

IV.- Limitar la compra de vivienda a extranjeros. La mitad de las viviendas vendidas en Canarias En 2022 han sido compradas por extranjeros, este hecho aparte de descapitalizar a la población canaria de manera alarmante provoca también un aumento desmedido del precio de la vivienda, al tratarse de extranjeros con alto poder adquisitivo. Países de la Unión Europea como Dinamarca, Malta o Finlandia (Islas Aland) ya limitan la venta de vivienda a extranjeros, y Baleares acaba de crear una comisión de trabajo gubernamental para estudiar limitaciones a la compra de vivienda a extranjeros.

V.- Fiscalizar y limitar la actividad descontrolada del alquiler vacacional. Se estima que en la actualidad puede haber una 140.000 viviendas destinadas a alquiler vacacional en Canarias, la escasa fiscalidad y el mínimo control público que se ejerce sobre esta actividad está haciendo que muchos propietarios, empresarios e inmobiliarias se pasen a esta actividad, restando de manera alarmante vivienda de larga temporada, expulsando a las familias canarias de sus pueblos y encareciendo notablemente el precio de la poca vivienda que queda. La Unión Europea permite a los ayuntamientos desde 2020 limitar esta actividad y ya hay en España municipios (Bilbao, San Sebastián, Barcelona) y Comunidades Autónomas (País Vasco) que la regulan para hacerla más sostenible.

Y EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE NUESTRO ECOSISTEMA:

VI.- Moratoria turística que incluya la prohibición de nuevas plazas turísticas. Nuestro modelo excesivamente dependiente de la actividad turistica limita el desarrollo de otros sectores productivos, y a su vez provoca que se apueste por el crecimiento indefinido de la industria turística. Esta realidad económica implica un impacto sostenido sobre nuestro ecosistema que deriva en sobreconsumo de recursos básicos, impacto sobre nuestra biodiversidad, contaminación, problemas para depurar las aguas, riesgo de falta de suministros, demanda continua de población foránea, atascos y por extensión una pérdida de calidad de esta misma industria turística por la que se apuesta. Una CCAA turística similar a Canarias como es Baleares tiene ya vigente una moratoria turística; si queremos avanzar en Canarias hacia un futuro mínimamente sostenible y caminar en pos de esa transición ecológica que tanto se demanda desde Europa debemos implantar una moratoria turística indefinida e incrementar otros sectores productivos factibles de desarrollo y creación de riqueza

 VII.- Implantación de una ecotasa turística. Para compensar en cierta medida el impacto que sobre el medio ambiente, los recursos y la ciudadanía autóctona tienen la llegada anual de hasta 16 millones de turistas (2017) es fundamental la implantación de una ecotasa turística. En España Comunidades Autónomas turísticas como Baleares o Cataluña disponen de este gravamen y la Comunidad Valenciana la tramita en esta legislatura; en Europa países como Portugal, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, República Checa, Austria o Alemania ya la tienen vigente en parte o en todo su territorio; y en el resto del mundo la aplican en Nueva York, Japón, Malasia, Filipinas, Tanzania, México o Cuba.

VIII.- Aprobar una ley especial de residencia que limite la residencia permanente de españoles no insulares y extranjeros. Gran Canaria tiene una densidad de población de 548 habitantes por kilómetro cuadrado; Tenerife, con el 49% de su territorio protegido tiene una densidad de población real de 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Estudios demográficos apuntan a que de seguir con la progresión actual para 2030 Canarias tendrá 2,5 millones de habitantes, una cifra totalmente insostenible que nos avoca al colapso. Para que nos hagamos una idea, países entre los más poblados del mundo como Japón tienen una densidad de población de 334. Urge pues la aprobación de una legislación especial de residencia, que sería aplicable a todas las personas que quieran residir en el Archipiélago, lo que conllevaría una reforma de artículo 19 de la Constitución Española, a cuyo texto actual: “Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, debe añadírsele la frase: “respetando las excepciones contempladas por la Legislación Especial de Residencia en las Islas Canarias”. En dicha ley se contemplaría que todos aquellos nacidos en Canarias tendrían la condición de residente, así como sus ascendientes, descendientes y cónyuges. De igual modo, se otorgaría esta condición a los que hayan residido en las Islas “durante al menos 5 años” y a las personas a las que el Gobierno de Canarias les haya concedido la residencia por motivos especiales, tanto humanos, como laborales o profesionales, como es el caso de administradores o directivos foráneos de empresas de nueva creación que signifiquen una importante inversión y creación de empleo; así como para la contratación de asistentes de personas dependientes, especialistas, técnicos, deportistas y enseñantes de alta cualificación o de cualquier otro sector que demande trabajadores, cualificados o no, no disponibles en el mercado laboral canario.

Hecho en Canarias, en diciembre de 2022

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